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ASE y ASF inician histórico proceso de fiscalización conjunta en los 217 municipios de Puebla

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PUEBLA, Pue. — En un hecho sin precedentes recientes que busca blindar la transparencia en el uso de los recursos públicos, la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dieron inicio formal al proceso de fiscalización coordinada a los 217 municipios de la entidad. Este esquema conjunto supervisará minuciosamente la aplicación de los fondos federales transferidos mediante el Ramo 28 y el Ramo 33, correspondientes a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2025.

Durante el banderazo de salida de las notificaciones, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, enfatizó que el manejo de los recursos públicos exige una rendición de cuentas estricta e innegociable. El mandatario advirtió categóricamente que la militancia o filiación política no eximirá de responsabilidad administrativa o penal a ningún alcalde ni servidor público, asegurando que los órganos fiscalizadores actuarán con total autonomía e imparcialidad en todas las regiones del estado.

Por su parte, el titular de la ASE Puebla, Germán Reyna y Herrero, destacó el valor institucional de este despliegue, señalando que la colaboración directa con la ASF se retoma tras siete años de permanecer suspendida. Explicó que este esfuerzo permitirá compartir herramientas e información oportuna para garantizar que el dinero público se traduzca en obras y servicios eficientes. En el mismo sentido, Isaac Ortiz Calzada, secretario general de Fiscalización de la ASF, detalló que la homologación de metodologías y tecnología permitirá revisar ayuntamientos que anteriormente no eran auditados de forma directa por el ente federal.

Las notificaciones oficiales a los ayuntamientos comenzaron de manera gradual para abarcar la totalidad del territorio poblano. Con este mecanismo, sustentado en el convenio de colaboración avalado por el Congreso local, las autoridades de fiscalización buscan consolidar administraciones municipales más ordenadas y transparentes, garantizando el apego a la legalidad y el debido proceso en cada una de las revisiones.

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