La vida política del estado de Sinaloa experimentó un giro drástico e inesperado este fin de semana, luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya decidiera solicitar una nueva licencia indefinida a su cargo público. La petición se da apenas unas horas después de haber retomado formalmente las riendas del Ejecutivo estatal, tras concluir un periodo de ausencia temporal de más de tres meses motivado por investigaciones federales y señalamientos de autoridades extranjeras.
A través de un comunicado y diversas intervenciones públicas, Rocha Moya argumentó que su decisión prioriza la estabilidad de la entidad, la nación y los ideales del movimiento político al que pertenece. El mandatario estatal sostuvo que se mantiene al margen y es inocente de los señalamientos formulados por agencias y fiscalías del vecino país del norte, los cuales vinculan a funcionarios estatales con redes de la delincuencia organizada.
Ante la vacante generada de manera repentina, los integrantes de la Diputación Permanente del Congreso del Estado fueron convocados de carácter urgente a una sesión extraordinaria. La LXV Legislatura local asumió el análisis formal de la solicitud de separación del cargo presentada por el gobernador, con el objetivo de proceder conforme a ley y garantizar la gobernabilidad inmediata en territorio sinaloense.
Durante el desarrollo de la sesión legislativa, las distintas fracciones parlamentarias iniciaron el debate y la revisión de perfiles idóneos para ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo de forma interina. La designación de un gobernador interino busca disipar cualquier vacío de poder y mantener en marcha la administración pública, los programas sociales y las estrategias de seguridad en una de las regiones más vigiladas del país.
Por su parte, la administración federal ha mantenido una postura de prudencia institucional ante los acontecimientos en Sinaloa, solicitando formalmente mayores elementos de prueba a las instancias internacionales que sustenten las acusaciones. Mientras tanto, la atención ciudadana y política se concentra en las decisiones que adopte el Congreso local para definir el rumbo administrativo del estado en los próximos meses.
