La captura de Antonio Hernández Pacheco, quien se desempeñaba como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Atlixco, provocó una firme postura por parte del Ejecutivo estatal. Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, aseveró que en la entidad no se permitirá la impunidad y que se actuará estrictamente conforme a derecho, sin importar quién sea el implicado.
El mandatario estatal enfatizó que la aprehensión del funcionario responde al cumplimiento de determinaciones legales emandadas de investigaciones previas, instruidas a partir de mandatos del Congreso de Puebla y carpetas radicadas en la Fiscalía General del Estado (FGE). Armenta precisó que la función del gobierno que encabeza consiste en acatar los fallos de las autoridades judiciales competentes y garantizar que se ejecuten las órdenes correspondientes sin distinción alguna.
Las indagatorias que derivaron en el aseguramiento de Hernández Pacheco corresponden a la presunta comisión de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones públicas. Agentes ministeriales de la Fiscalía llevaron a cabo la detención este fin de semana mediante una orden de aprehensión judicial, en un esfuerzo por deslindar responsabilidades y mantener bajo escrutinio legal el desempeño de las mandos policiales en los municipios.
Para dar contexto sobre la postura de cero tolerancia en su administración, Armenta Mier recordó que diversos ayuntamientos de la entidad han registrado intervenciones jurídicas similares recientemente. Entre los casos donde las investigaciones de la Fiscalía y las decisiones legislativas derivaron en el nombramiento de Concejos Municipales figuran las demarcaciones de Tlachichuca, Ciudad Serdán, San Nicolás Buenos Aires, Ahuazotepec y Cuautempan.
Finalmente, el titular del Ejecutivo estatal adelantó que en breve la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla dará a conocer información detallada sobre el caso de Antonio Hernández Pacheco, así como un balance de los procesos legales que se encuentran actualmente en curso en contra de otros servidores públicos en distintas regiones del estado.
