El caso en torno al fallecimiento de Karla Valeria, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el pasado 25 de julio en la junta auxiliar de San Aparicio, dio un giro mediático luego de las declaraciones emitidas por su viudo, Yeudiel Toxqui. Tras un operativo de cateo realizado por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla en el domicilio de los padres del joven, este último rompió el silencio mediante sus redes sociales para rechazar las acusaciones en su contra y señalar directamente a la familia de la víctima.
Toxqui calificó el operativo ministerial como un acto irregular y abusivo que dejó a sus familiares sin un lugar donde habitar, asegurando que en dicho inmueble no se cometieron los hechos investigados. En su pronunciamiento público, el viudo sostuvo firmemente que la muerte de Karla Valeria se trató de un suicidio y recriminó a los padres de la joven por negarse a aceptar dicha versión, argumentando que buscan fabricar culpables para eludir supuestas conductas de violencia intrafamiliar ejercidas en el pasado.
«No me cansaré de decirlo, mi Vale se suicidó y si no lo pueden aceptar sus padres que se traten, porque yo no aceptaré una culpa para que ellos puedan dormir tranquilos», expresó el joven a través de su cuenta de Instagram, donde también convocó a los medios de comunicación a una cobertura en Casa de Justicia para exponer su postura detallada ante las autoridades ministeriales. Estas declaraciones tensan aún más el ambiente en torno a la indagatoria, misma que desde un inicio fue cuestionada por los familiares directos de la víctima, quienes rechazaron tajantemente la hipótesis inicial de un suicidio.
Mientras la defensa legal y los allegados a Karla Valeria exigen justicia con perspectiva de género y el esclarecimiento total de los hechos, la Fiscalía de Puebla mantiene abiertas las líneas de investigación pertinentes. Las autoridades ministeriales analizan tanto las evidencias recabadas en los recientes cateos como los testimonios de ambas partes para determinar con rigor científico si existieron factores de violencia previa o si el deceso corresponde a un delito que deba ser perseguido bajo el protocolo de feminicidio.
