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El Congreso de Puebla evalúa la designación de un Concejo Municipal en Acatlán de Osorio

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Ante la profunda crisis de gobernabilidad que atraviesa el municipio de Acatlán de Osorio, la cual ha alcanzado los 50 días de conflictos continuos, el Poder Legislativo del estado analiza con seriedad la posibilidad de destituir al actual Cabildo y nombrar un Concejo Municipal. La medida busca frenar la parálisis administrativa y devolver la paz social a la demarcación.

El diputado local por el partido Morena, Andrés Villegas Mendoza, informó en conferencia de prensa que la propuesta se encuentra en una fase avanzada de análisis. Detalló que esta opción surgió formalmente tras la solicitud directa de diversos regidores, quienes han exigido la remoción de la presidenta municipal Guadalupe Lucero Bárcenas debido a presuntas irregularidades financieras y una total ruptura institucional.

Villegas Mendoza subrayó que, de concretarse esta intervención por parte del Congreso local, los integrantes del eventual Concejo Municipal serán perfiles completamente ajenos a la administración en funciones y al entorno político local. El objetivo primordial de esta condición es evitar conflictos de interés, neutralizar las confrontaciones vigentes y garantizar un clima de gobernabilidad óptimo para los habitantes.

En paralelo a las deliberaciones legislativas, personal de la Secretaría de Gobernación estatal, encabezada por Samuel Aguilar Pala, ha mantenido mesas de diálogo directas en la región con los regidores y los grupos inconformes. Estos encuentros institucionales tienen como fin evaluar de primera mano las condiciones del conflicto y coordinar los pasos jurídicos necesarios con los diputados del Congreso.

La disputa interna en Acatlán de Osorio estalló el pasado 8 de junio, derivado de un distanciamiento insostenible entre la alcaldesa y la mayoría del Cabildo. Mientras los detractores exigen la revisión exhaustiva de las cuentas públicas y acusan opacidad, la presidenta municipal ha rechazado los señalamientos, argumentando que las protestas responden a intereses políticos externos e inestabilidad promovida por actores ajenos a la legalidad.

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