- Servicios Portuarios y Dragados y Puertos, propiedad de los empresarios Ricardo Thompson Ramírez y Ricardo Thompson Navarro, obtuvieron contratos millonarios con el Gobierno federal tras modificar su objeto social para ingresar al sector hidrocarburos.
MÉXICO.— La Fiscalía General de la República (FGR) extendió sus investigaciones en torno a la red de huachicol fiscal ligada a la empresa Ingemar, poniendo bajo la mira a dos compañías socias: Servicios Portuarios, S.A. de C.V. y Dragados y Puertos, S. de R.L. de C.V.
Ambas firmas, vinculadas a Ricardo Thompson Ramírez y a su hijo Ricardo Thompson Navarro —este último actualmente detenido junto al exgobernador Ernesto Ruffo—, recibieron en conjunto 13 contratos federales por más de 49 millones de pesos entre 2019 y 2024, principalmente otorgados por la estatal Exportadora de Sal (ESSA).
Cambios de giro para entrar al negocio petrolero
De acuerdo con registros del Registro Público de Comercio, ninguna de las dos empresas nació enfocada en el sector energético, pero modificaron sus estatutos para incursionar en la industria de los combustibles:
- Servicios Portuarios: Fundada en 1993 como una compañía de desarrollo tecnológico, amplió su objeto social en noviembre de 2018 para almacenar, comercializar y transportar hidrocarburos y petrolíferos. A pesar de haber sido suspendida parcialmente del Padrón de Importadores en 2021 por incumplimientos normativos, continuó recibiendo adjudicaciones directas del Gobierno federal para el mantenimiento de remolcadores y equipo marítimo, sumando más de 48.8 millones de pesos.
- Dragados y Puertos: Constituida en 2009 para obras marítimas y de dragado, modificó su sociedad en febrero de 2022 para comercializar gasolinas y diésel de Pemex Refinación. La empresa obtuvo tres adjudicaciones directas de la Asipona Ensenada (SEMAR) por más de 554 mil pesos por servicios de batimetría y estudios técnicos.
Red empresarial bajo escrutinio judicial
Las investigaciones de las autoridades federales apuntan a que estas modificaciones estatutarias habrían permitido a la red empresarial beneficiarse de contratos públicos e incursionar en el mercado de petrolíferos, presuntamente ligado a operaciones ilícitas de hidrocarburos.
Actualmente, las autoridades avanzan en la definición de la situación jurídica de los implicados en el caso.
