La versión oficial del Departamento de Seguridad Interior ha sido puesta en duda por testimonios y videos que contradicen la narrativa de «defensa propia». Familiares y organizaciones exigen una investigación independiente ante la falta de confianza en las autoridades federales.
Por: HMX
La muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano de 52 años, ha escalado a un conflicto de alto nivel tras la reciente determinación de la oficina del médico forense del condado de Harris, en Texas. El reporte oficial ha clasificado el deceso como homicidio, dictaminando que la causa principal fue una herida de bala en el torso, disparada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La contradicción: ¿Defensa propia o ejecución?
Horas después del incidente ocurrido el pasado martes, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) emitió un comunicado asegurando que sus agentes actuaron en defensa propia, alegando que Salgado intentó embestirlos con su vehículo.
Sin embargo, esta versión se ha desmoronado ante la evidencia presentada por la Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos (LULAC) y los testimonios de tres trabajadores de construcción que viajaban en la camioneta de Salgado. Según el abogado Hugo Balderas Ibarra, quien representa a los testigos:
- Posición de los agentes: Los oficiales se encontraban a los costados del vehículo, no al frente ni detrás, lo que descarta físicamente la posibilidad de un atropello.
- La versión de los testigos: Los trabajadores aseguran que el tiroteo inició en el momento en que Salgado descendió de su unidad tras atender las instrucciones de los oficiales.
- Evidencia de video: Grabaciones de cámaras de seguridad de comercios cercanos, obtenidas por LULAC, muestran una persecución por parte de vehículos sin insignias oficiales que cerraron el paso a la camioneta de Salgado antes del desenlace fatal.
Un llamado a la justicia independiente
La falta de credibilidad hacia la versión federal ha provocado que la sociedad civil y las autoridades locales exijan mayor transparencia. El alcalde de Houston, John Whitmire, ha solicitado una investigación paralela a cargo de la policía metropolitana, compartiendo sus hallazgos con el FBI y el DHS. Asimismo, la Fiscalía del condado de Harris mantiene su propia línea de indagación a través del fiscal Sean Teare.
No obstante, tanto los familiares de la víctima como activistas de LULAC han expresado su desconfianza absoluta en el FBI y el DHS, temiendo que estas instituciones protejan a sus propios agentes. Mientras tanto, en San Antonio, más de un centenar de personas se manifestaron frente al centro de gobierno exigiendo una investigación totalmente independiente.
Un perfil sin antecedentes
Lorenzo Salgado era un hombre de familia y empresario. Durante 35 años residió en Houston sin antecedentes penales, era padre de tres ciudadanos estadounidenses y dueño de una pequeña empresa de construcción. El propio ICE admitió, tras el incidente, que Salgado no era el objetivo de su operativo; el encuentro fue fortuito en un vecindario de clase trabajadora.
El dolor de la familia se ha visto agravado por amenazas de odio dirigidas contra el hijo mayor de la víctima, quien ha sido blanco de acoso en medios de comunicación.
Amenaza contra testigos
A la tragedia se suma una denuncia crítica: organizaciones civiles han alertado sobre un presunto plan para deportar a los trabajadores que presenciaron el homicidio. Esta acción, de concretarse, eliminaría a los testigos clave que sostienen la versión contraria a la oficial, complicando aún más el camino hacia la justicia.
