l diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo criticó las condiciones en que operan las juntas auxiliares del municipio de Puebla, pues no tienen facultades para resolver las demandas de sus habitantes y solo funcionan como “oficialías de partes” que reciben quejas sin capacidad de respuesta.
El legislador encabezó este sábado un foro con habitantes de esas comunidades, a fin de analizar sus problemáticas, entre las que destacaron la falta de servicios públicos como vigilancia, agua potable y pavimentación, además de la escasa atención de las autoridades municipales.
En su intervención, Carvajal señaló que la mayoría de las 17 juntas auxiliares del municipio de Puebla registra altos índices de violencia y marginación, pese a que alojan 40 por ciento de los 1.6 millones de habitantes del municipio capitalino.
Atribuyó esa situación a que los gobiernos auxiliares carecen de facultades para atender los problemas de la ciudadanía y se limitan a ser “oficialías de partes” que canalizan peticiones al ayuntamiento sin decidir ni ejecutar acciones propias.
Ejemplificó que las juntas auxiliares no administran recursos públicos ni pueden decidir sobre la ejecución de obras; tampoco cuentan con áreas para el pago de gravámenes como el impuesto predial, ni pueden otorgar permisos como licencias de funcionamiento, lo que, dijo, aleja a los ciudadanos de sus autoridades más cercanas.
Carvajal comparó las condiciones de las juntas auxiliares de Puebla con las favelas de Brasil, al describirlas como comunidades marginadas, con altos índices delictivos y excluidas de las políticas públicas.
“Nuestras juntas auxiliares, desgraciadamente en algunos casos, no en todos, se están favelizando por la exclusión, la falta de atención y la falta de oportunidades; desgraciadamente son consideradas como oficialías de partes, donde la gente deposita sus quejas pero los alcaldes auxiliares no tienen capacidad de resolución”, sostuvo.
En ese sentido, afirmó que es necesario incrementar la atención a las juntas auxiliares, tanto en la canalización de recursos y servicios públicos como en la aprobación de reformas legales que les otorguen mayores facultades para resolver las necesidades de la población.
