Helena Monzón acusó que, en el proceso penal por el feminicidio de su hermana Cecilia, activista y abogada, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (TSJ) tardó cinco meses en detectar que faltaban algunos discos con las grabaciones de las audiencias de juicio oral necesarias para resolver las apelaciones interpuestas desde febrero tanto por la Fiscalía como por la defensa de los tres sentenciados en el caso.
La doliente explicó a El Sol de Puebla, y también a través de sus redes sociales, que fue hace tres meses cuando, por conducto de la Fiscalía General del Estado (FGE) y en representación de su familia, apeló el fallo judicial únicamente en lo relacionado con la reparación del daño.
Refirió que en el mismo mes, Javier López Zavala, excandidato al gobierno estatal; su sobrino Jair Mauricio Domínguez y Silvestre Vargas apelaron la sentencia de 60 años de prisión que les fue impuesta en enero de 2026 por el delito de feminicidio.
Llevo meses diciendo que la sentencia aún no es firme; si hasta nosotros mismos y la FGE hemos apelado también desde febrero por los daños, no por la condena. Sería novedoso que no lo hubieran hecho, después de hacernos pasar por el calvario del juicio de feminicidio más largo de la historia de México,
sentenció.
Aún no existe una sentencia firme
La también abogada dijo que, aunque la notificación del recurso legal interpuesto por los acusados era un mero trámite, esta les fue dada a conocer apenas el 11 de mayo.
Señaló que el TSJ de Puebla tardó cinco meses en advertir que faltaban algunos CDs con registros de las audiencias del juicio, materiales que serán necesarios para resolver las respectivas apelaciones.
Aseguró que hasta que no exista una sentencia firme, “no hay justicia que valga. Esto no ha acabado para mí ni para mi familia”.
Recordó que desde noviembre de 2025 sigue pendiente la resolución de la condena por violencia familiar, luego de un amparo en revisión que continúa en trámite.
El horror es saber que mi paz y la de mi familia están atadas aún a las defensas nefastas de los feminicidas de mi hermana y al funcionamiento letárgico de la justicia mexicana. Sirvan estas flores para dar ánimos en esta batalla que aún sigue. Cuatro años son demasiados. Justicia para Cecilia Monzón,
finalizó.
Implicados en el caso
Cecy, como le decían de cariño, fue asesinada en San Pedro Cholula, Puebla, el 21 de mayo de 2022, crimen que estremeció a México y España, ya que contaba con ambas nacionalidades, además de dejar en la orfandad a un menor de edad.
Javier López Zavala fue declarado culpable y sentenciado a la pena máxima de 60 años de prisión por el delito de feminicidio en calidad de autor intelectual; además, recibió una condena de seis años por violencia familiar cometida en agravio de Cecilia y de su hijo. A través de apelaciones busca revertir ambas resoluciones judiciales.
Jair, sobrino de Javier, y otro hombre identificado como Silvestre también recibieron sentencias de 60 años de cárcel por ser considerados autores materiales del crimen.
Tras el caso surgió la denominada Ley Monzón, aprobada en Puebla en marzo de 2023, reforma mediante la cual se impide que los presuntos feminicidas mantengan la patria potestad sobre sus hijos y que, en caso de recibir sentencia condenatoria, esta les sea retirada de manera definitiva, aunque conservan obligaciones como el pago de alimentos.
Aunque esta modificación legislativa nació en Puebla, también fue aprobada en Sinaloa, Colima y Ciudad de México, mientras que ya fue presentada en Baja California, Chihuahua, Quintana Roo, Guanajuato, Hidalgo, Tamaulipas, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Durango.
