El debate sobre la eutanasia volvió a colocarse en la agenda legislativa de Puebla, luego de que se presentara en el Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley de Voluntad Anticipada, con el objetivo de abrir la posibilidad de reconocer legalmente el derecho a una muerte digna bajo condiciones específicas y estrictamente reguladas.
La propuesta fue impulsada por el diputado local de Morena, Roberto Zatarain Leal, quien planteó una modificación legal que permitiría incorporar la llamada eutanasia activa dentro del marco jurídico estatal. La iniciativa ha generado atención debido a su alcance y a la sensibilidad del tema en el ámbito social y médico.
De acuerdo con el planteamiento, la reforma busca complementar el modelo vigente en la entidad, que actualmente contempla opciones como la suspensión de tratamientos, los cuidados paliativos y la voluntad anticipada, pero no permite la intervención médica para provocar la muerte de manera asistida.
La propuesta también contempla la eliminación del artículo 42 de la ley actual, el cual prohíbe expresamente la práctica de la eutanasia al considerarla equiparable al homicidio por piedad. Con este cambio, se abriría la posibilidad de que ciertos pacientes en condiciones específicas pudieran solicitar este procedimiento bajo supervisión médica y legal.
El tema ha cobrado relevancia nacional debido al impulso de la activista Samara Alejandra Martínez Montaño, quien promueve la llamada “Ley Trasciende”, una iniciativa que busca reconocer este derecho en distintos estados del país. La joven enfrenta una enfermedad renal crónica en etapa terminal, además de otros padecimientos que han afectado de manera significativa su calidad de vida.
En el caso de Puebla, la propuesta establece una serie de requisitos estrictos para acceder al procedimiento. Entre ellos se contempla que la persona solicitante sea mayor de 18 años, se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales y cuente con un diagnóstico médico confirmado de enfermedad terminal o padecimientos crónico-degenerativos graves e irreversibles.
Además, se plantea que el paciente reciba información completa sobre su estado de salud, exprese su voluntad de manera libre, informada y por escrito ante notario público, y la ratifique posteriormente en un plazo mínimo de cinco días. También se exige una segunda opinión médica que confirme el diagnóstico.
El documento legislativo señala que la intención no es sustituir los mecanismos actuales de atención médica al final de la vida, sino ampliar las opciones legales disponibles en casos excepcionales, bajo estricta regulación y supervisión profesional.
