La Coparmex Puebla reiteró que es indispensable que el bloqueo de cuentas se realice con certeza jurídica, criterios claros y pleno respeto a la legalidad, a fin de no generar indefensión ni afectar la operación de las empresas formales.
A través de un comunicado, aseguró que, si bien México debe cumplir sus compromisos internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, una suspensión provisional inmediata sobre el congelamiento de fondos puede llevar a la asfixia económica de empresas y personas, ya que los juicios pueden prolongarse durante el tiempo que toma la defensa sin acceso a sus recursos.
Indicó que la nueva normativa dificulta el acceso a la suspensión, lo que obliga a los litigantes a buscar estrategias para combatir la reforma misma mediante el amparo.
“Nuestro país debe contar con mecanismos eficaces para proteger al sistema financiero y evitar que recursos de procedencia ilícita contaminen la economía formal. Esa exigencia internacional es indispensable y necesaria”, señaló.
Combatir las finanzas ilícitas, señaló Coparmex Puebla, es fundamental para preservar la legalidad, la competencia leal y la confianza en las instituciones, por lo que realizó un doble llamado:
“A las autoridades para que la aplicación de esta facultad se conduzca con la mayor responsabilidad institucional, con criterios estrictos de legalidad, proporcionalidad, motivación y transparencia. La ambigüedad del concepto “indicios suficientes” debe precisarse y acotarse, porque su amplitud puede vulnerar el principio de taxatividad y afectar gravemente la continuidad operativa de las empresas, el cumplimiento de obligaciones laborales, fiscales y comerciales, y con ello impactar a trabajadores, proveedores y familias enteras.
“Al mismo tiempo, hacemos un llamado al sector empresarial a redoblar esfuerzos de prevención: hoy más que nunca es indispensable fortalecer el proceso de las operaciones, la debida diligencia, la verificación de contrapartes y los mecanismos internos de cumplimiento”, señaló en el documento.
Reiteró que, proteger la integridad de las operaciones no sólo es una obligación legal, pues es también una responsabilidad ética y una condición para defender la viabilidad de las empresas, fortalecer la certidumbre jurídica y preservar la confianza en México.
