En el Congreso del Estado se analiza declarar como un delito grave la comercialización ilegal de agua potable proponiendo una pena de hasta 10 años a quien realice esta acción en la entidad poblana.
La propuesta fue realizada por el diputado, Elpidio Díaz Escobar quien busca atacar el aumento de tomas clandestinas de pozos de agua en la entidad poblana.
La iniciativa va en el sentido de reformar el Código Penal en su artículo 374 para establecer que cualquier persona que sustraiga, se apodere o comercialice agua potable de manera ilegal enfrentará una pena de 4 a 10 años de cárcel.
Además, de recibir una penalización económica de 117 mil 310 pesos a 234 mil 620 pesos lo cual consta en el documento presentado en el salón de Pleno.
Asimismo, en la propuesta del diputado de Fuerza Por México se establece que las sanciones se incrementarán hasta en una mitad más para aquellos servidores públicos que, teniendo la obligación de supervisar el funcionamiento de las redes de agua, faciliten o autoricen tomas clandestinas, o bien, no denuncien la sustracción ilegal de la que tengan conocimiento.
En su explicación, el legislador argumentó que el agua es un bien jurídico protegido que debe garantizarse bajo los principios de sustentabilidad.
«El robo de infraestructura y de agua potable atenta directamente contra el mejoramiento económico y social de nuestro pueblo», destaca el documento, que ahora será turnado a comisiones para su análisis y posible aprobación por el pleno.
Cabe destacar que el director de Agua de Puebla, Jordi Bosch aseguró que el robo de agua en Puebla genera que se pierda el 40 por ciento del vital líquido, lo cual se ha vuelto un problema latente que se suma a las fugas de drenaje.
