El municipio de Zautla realizó la contratación de un crédito por más de 20 millones de pesos, el cual no fue transparentado en tiempo y forma por las autoridades de la demarcación.
La obligación financiera, adquirida durante la actual administración municipal, permaneció fuera del registro oficial durante varios meses, lo que generó cuestionamientos sobre el manejo de los recursos.
De acuerdo con información del Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda, el ayuntamiento encabezado por Marco Antonio Alejo Calderón firmó el préstamo el 22 de agosto de 2025 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
Sin embargo, su inscripción formal no se realizó sino hasta el 30 de enero de 2026.
El monto asciende a 20 millones 776 mil 998 pesos, pactado a una tasa de interés cercana al 9 por ciento anual y con un plazo de pago de poco más de dos años, cuyo vencimiento está programado para septiembre de 2027.
Como garantía, el gobierno municipal comprometió recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
Pese a la magnitud del financiamiento, los informes financieros correspondientes al ejercicio 2025 no reflejan movimientos relacionados con esta deuda.
No se reportan pagos de capital ni de intereses, ni se detalla el estado actual del crédito, lo que incrementa la incertidumbre sobre su administración.
El argumento oficial señala que los recursos fueron destinados a inversión pública productiva, aunque hasta el momento no se han precisado las obras o acciones específicas en las que se habría aplicado el dinero.
Esta omisión ha alimentado dudas entre observadores y especialistas en finanzas públicas.
El retraso en el registro del crédito contraviene los principios de la Ley de Disciplina Financiera, que obliga a los entes públicos a reportar de manera oportuna cualquier endeudamiento.
La falta de transparencia limita la supervisión ciudadana y abre la puerta a posibles irregularidades administrativas.
Persisten señalamientos por opacidad en el manejo financiero
A este escenario se suman cuestionamientos previos sobre la administración de los recursos municipales, particularmente en materia de obra pública, donde habitantes han señalado inconsistencias entre lo reportado oficialmente y el avance real de proyectos en distintas comunidades.
También se ha advertido la falta de desglose en informes financieros sobre el destino de partidas destinadas a infraestructura y programas sociales, lo que dificulta conocer con precisión cómo se ejerce el presupuesto municipal y refuerza las dudas en torno al manejo del crédito recientemente adquirido, de acuerdo a comentarios de pobladores en redes sociales.
