Altos directivos de la FIFA analizan solicitar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la suspensión temporal de las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante la Copa del Mundo.
De acuerdo con fuentes internas, una moratoria nacional a lo largo de los 39 días del torneo podría representar un beneficio tanto para la administración estadounidense como para el organismo rector del futbol mundial.
La medida buscaría reducir la inquietud de diversos países ante los operativos migratorios en el contexto del Mundial, que iniciará en junio en Estados Unidos, Canadá y México, y al que se prevé la asistencia de más de un millón de aficionados internacionales.
El director interino de ICE, Todd Lyons, ya había señalado que la agencia será parte fundamental del dispositivo general de seguridad del torneo.
A menos de dos meses del arranque, ejecutivos de la FIFA han discutido con su presidente, Gianni Infantino, la posibilidad de que establezca contacto directo con el mandatario para plantear la propuesta. Inicialmente, se contempló solicitar que los agentes federales evitaran estadios y sedes en las 11 ciudades anfitrionas de Estados Unidos; sin embargo, el planteamiento evolucionó hacia una cobertura nacional, considerando que el torneo abarcará múltiples estados y concentraciones de selecciones en distintas regiones del país.
Dentro del organismo también se ha planteado acompañar la iniciativa con un anuncio conjunto que presente la pausa temporal en la aplicación de las leyes migratorias como un mensaje positivo, alineado con el lema “FIFA une al mundo”.
Al interior de la FIFA se considera que Infantino podría aprovechar su cercanía con el mandatario para impulsar esta propuesta. No obstante, no se ha confirmado si ya hubo un acercamiento directo ni si este llegará a concretarse.
Tampoco está definida la postura del gobierno estadunidense. Una suspensión de esta naturaleza implicaría un cambio significativo respecto a una de las principales banderas políticas de la administración Trump y podría interpretarse como una concesión frente a las críticas a su estrategia migratoria, algo que funcionarios han rechazado de forma reiterada.
