En medio de nuevas versiones que lo colocan bajo la lupa de autoridades estadounidenses, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó cualquier vínculo con el narcotráfico y rechazó haber recibido recursos ilegales para financiar sus campañas políticas.
La controversia surgió tras la publicación de un reportaje del diario The New York Times, en el que se menciona la existencia de una posible indagatoria en Estados Unidos relacionada con presuntos nexos con redes de tráfico de drogas. Según el medio, en estas pesquisas participarían fiscales federales especializados, así como agentes de la Administración para el Control de Drogas y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional.
Horas después de que se difundiera la información, el mandatario colombiano respondió a través de redes sociales, donde desestimó los señalamientos. Afirmó que nunca ha tenido contacto con personas relacionadas con actividades ilícitas y sostuvo que no hay investigaciones formales que respalden esas acusaciones.
En el mismo mensaje, Petro insistió en que durante sus procesos electorales se establecieron reglas claras sobre el origen de los recursos. Señaló que los equipos encargados de las finanzas de campaña tenían la instrucción de rechazar aportaciones que pudieran comprometer la legalidad o la transparencia, incluyendo aquellas provenientes de actores vinculados con el crimen organizado.
Por su parte, la agencia Reuters reportó, con base en una fuente cercana al tema, que el presidente colombiano estaría siendo revisado por al menos dos fiscalías federales en Estados Unidos. No obstante, hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de las autoridades de ese país sobre el alcance de dichas indagatorias.
El señalamiento se produce en un contexto en el que la cooperación entre Colombia y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico continúa siendo un eje clave en la relación bilateral. Cualquier investigación de este tipo podría tener implicaciones políticas y diplomáticas, especialmente por tratarse de un jefe de Estado en funciones.
Analistas advierten que, más allá de la veracidad de las acusaciones, este tipo de reportes suele influir en la discusión pública y puede ser utilizado por distintos actores políticos para reforzar posturas o cuestionar al gobierno. Por ahora, el caso permanece sin una postura oficial clara por parte de las autoridades estadounidenses, lo que deja abiertas diversas interrogantes sobre su desarrollo.
En tanto, el gobierno colombiano mantiene su postura de rechazo ante los señalamientos, mientras se espera mayor información que permita confirmar o descartar la existencia de una investigación formal.
