Después de los tropiezos que acompañan a varias de las obras emblemáticas del lopezobradorismo, surge una nueva alerta: la creciente fragilidad del sistema eléctrico en la península de Yucatán.
La insuficiencia energética es una realidad que amenaza con apagones más frecuentes y prolongados, afectando a millones de habitantes en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así como a sectores clave de la industria, el comercio y, especialmente, el turismo.
Apagones en temporada alta
La señal más preocupante llegó en una fecha simbólica. Mientras el gobierno federal conmemoraba la expropiación petrolera, la Comisión Federal de Electricidad notificó a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, que del 18 al 21 de marzo se realizarían cortes programados en la zona hotelera de Cancún, justo en el marco de la Convención Bancaria, es decir, apagones en el principal escaparate turístico del país, en plena temporada de alta demanda y frente a uno de los eventos económicos más relevantes, pone en evidencia la distancia entre el discurso oficial y la capacidad real de respuesta.
Obras emblemáticas, fallas estructurales
El deterioro del sistema eléctrico se inserta en un amplio contexto de obras públicas marcadas por la improvisación, los sobrecostos y los incidentes.
El Tren Maya, presentado como motor de desarrollo regional, ha acumulado fallas operativas, incluidos descarrilamientos con saldo mortal. La refinería Dos Bocas, símbolo de la soberanía energética, ha enfrentado paros, problemas técnicos, sobrecostos y hasta un incendio fatal. El AIFA, continúa sin consolidar rutas ni operación eficiente, acumulando cancelaciones y fallas logísticas y hasta de construcción.
Es un patrón que se repite en planeación, ejecución y viabilidad de los megaproyectos del sexenio. Pero más allá, hay un problema que crece e impacta directamente en la vida cotidiana: la incapacidad del Estado de garantizar un suministro eléctrico confiable en una de las regiones con mayor dinamismo económico del país.
Durante su administración, AMLO prometió resolver el rezago histórico en la península de Yucatán. Sin embargo, a marzo de 2026, la región sigue siendo una de las más vulnerables del sistema eléctrico nacional. La dependencia de líneas de transmisión provenientes del sureste, sumada a una infraestructura limitada, mantiene a la península con limitaciones estructurales permanentes.
Al mismo tiempo, la demanda crece a un ritmo cercano al siete por ciento anual, muy por encima del promedio nacional. El auge turístico en Quintana Roo, el crecimiento urbano en Yucatán y el impulso a nuevos polos de desarrollo generan una presión constante sobre una red que no ha sido modernizada.
Infraestructura rebasada
EL problema tiene nombre: gas natural. Desde hace años se identificó la necesidad de fortalecer la generación eléctrica en la región mediante centrales de ciclo combinado, como las proyectadas en Mérida y Valladolid. Plantas diseñadas para operar con gas natural como una alternativa más eficiente y menos contaminante.
Sin embargo, su operación ha sido limitada por el retraso en la ampliación del gasoducto Mayakan, infraestructura que fue bloqueada por el exdirector de CFE, Manuel Bartlett durante años, obligando a las centrales a operar con combustibles más caros y contaminantes como combustóleo y diésel. El resultado es un sistema más costoso, menos eficiente y más propenso a fallas.
Mientras la ampliación del ducto no se concrete —se proyecta hasta finales de 2027—, la región seguirá enfrentando restricciones con efectos cada vez más evidentes: entre 2024 y 2026 se han registrado múltiples apagones, incluyendo uno masivo en septiembre de 2025 que dejó sin electricidad a más de dos millones de usuarios.
Las olas de calor agravan el problema. En veranos recientes, el incremento en el uso de sistemas de aire acondicionado dispara la demanda eléctrica, llevando al sistema a puntos críticos. Con el verano de 2026 en puerta, las perspectivas no son alentadoras. Todo apunta a que los apagones continuarán y podrían intensificarse.
Ante lo que se avecina, algunos sectores han comenzado a tomar medidas por cuenta propia. Hoteles y grandes consumidores invierten en sistemas de respaldo y almacenamiento de energía para mitigar los efectos de las interrupciones. Sin embargo, este tipo de soluciones enfrentan un entorno regulatorio restrictivo. La política energética actual privilegia el control estatal, limitando la participación privada y frenando la adopción de tecnologías que podrían aliviar la presión sobre el sistema.
Así, mientras la demanda crece y la infraestructura se rezaga, las alternativas para diversificar y modernizar el sistema enfrentan obstáculos políticos e ideológicos.
La península de Yucatán enfrenta un desafío crítico: el problema no será resuelto con discursos ni inauguraciones, requiere decisiones técnicas, inversión sostenida y apertura regulatoria. De lo contrario, el sureste seguirá operando al filo del colapso con millones de usuarios expuestos a un servicio inestable y postergando el desarrollo que el propio gobierno prometió impulsar.
