En un cambio significativo dentro de su política energética y de sanciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que permitirá la venta y reventa de petróleo de origen venezolano a Cuba bajo condiciones específicas, en medio de una prolongada escasez de combustibles que afecta a la isla caribeña. La autorización busca atender la demanda energética civil y comercial, pero excluye expresamente transacciones que beneficien al gobierno o a las fuerzas armadas cubanas.
La medida habilita a empresas —tanto estadounidenses como extranjeras— a solicitar licencias específicas para reexportar crudo y productos refinados desde Venezuela hacia Cuba, siempre que la operación esté orientada a beneficiar al pueblo cubano y al sector privado, sin participación estatal ni militar.
Esta decisión se produce en un contexto donde Cuba enfrenta una severa crisis energética, intensificada tras el cese de envíos de combustible desde Venezuela en semanas recientes, luego de que Estados Unidos asumiera el control de las exportaciones venezolanas tras la captura de Nicolás Maduro.
Condiciones y requisitos
Para que las transacciones sean autorizadas, las empresas interesadas deben cumplir con varios requisitos, entre ellos:
Asegurar que el combustible llegue a ciudadanos o negocios del sector privado cubano, como estaciones de servicio, industrias y pequeños emprendimientos.
Garantizar pagos en efectivo o con respaldo bancario, debido a las dificultades de La Habana para realizar transacciones internacionales bajo el embargo.
Evitar cualquier beneficio directo a entidades del Estado cubano, incluidas fuerzas armadas o instituciones gubernamentales.
Este enfoque remarca que la exportación podrá ajustarse a criterios comerciales y humanitarios, sin levantar las sanciones generales que mantienen restricciones más amplias sobre la economía cubana.
Durante más de dos décadas, Venezuela fue el principal proveedor de petróleo para Cuba bajo un convenio de cooperación energética que implicaba, en muchos casos, intercambio de crudo por servicios profesionales, principalmente médicos. El anuncio de Estados Unidos pone fin a ese esquema tradicional, exigiendo ahora condiciones de mercado y garantías financieras para las transacciones energéticas, en un esfuerzo por limitar el uso político del suministro de combustible.
Pese a la flexibilización parcial, la política estadounidense mantiene restricciones que podrían afectar la cantidad y fluidez del suministro hacia la isla, al tiempo que obliga a los exportadores a ajustarse a marcos regulatorios más estrictos.
