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Trasladan a Javier López Zavala al penal de máxima seguridad de El Altiplano

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Este día a las 06:00 horas trasladaron a Javier López Zavala al penal de máxima seguridad de El Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Fuentes al interior del área de centros penitenciarios de Puebla confirmaron el movimiento. El traslado de Javier López Zavala a El Altiplano ocurre tras la sentencia condenatoria por el feminicidio de Cecilia Monzón Pérez.

López Zavala fue uno de los políticos más influyentes en el estado de Puebla durante la primera década de los años 2000.

Hasta antes del proceso penal se le presumía como miembro destacado del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ocupó cargos clave como secretario de Gobernación y de Desarrollo Social.

De igual forma, en 2010 fue candidato oficial a la gubernatura de Puebla, perdiendo la elección frente a la coalición opositora.

El 21 de mayo de 2022, sicarios en motocicleta interceptaron y asesinaron a la abogada y activista Cecilia Monzón. Esto mientras circulaba en su vehículo en San Pedro Cholula, Puebla.

Cecilia era una defensora de los derechos de las mujeres que, en el ámbito personal, mantenía una demanda por pensión alimenticia contra López Zavala, con quien tuvo un hijo.

Tras las investigaciones, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla determinó que el político era el autor intelectual del crimen. Determinado que él organizó la logística y proporcionó los recursos para ejecutar el asesinato, con el fin de silenciar las demandas legales en su contra.

Dan sentencia de 60 años a Javier López Zavala por feminicidio
Tras un proceso judicial marcado por múltiples intentos de la defensa para retrasarlo, condenaron a Javier López Zavala a 60 años de prisión por el delito de feminicidio. Esta es la pena máxima prevista en la legislación estatal.

Los autores materiales, su sobrino Jair, quien participó llevando al sicario que ejecutó a la abogada, también recibieron sentencias condenatorias.

La sentencia incluyó medidas de compensación económica y moral para las víctimas indirectas, principalmente para el hijo menor de edad.

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El impacto de este caso impulsó una reforma legal histórica en México, gracias a la incidencia de la familia de Cecilia, se aprobó la llamada “Ley Monzón”. En esta ley se establece la suspensión de la patria potestad para los feminicidas.

Se retira de inmediato el derecho de patria potestad a cualquier padre que sea vinculado a proceso por el feminicidio (o intento de este) de la madre. Si existe una sentencia condenatoria, la pérdida de la patria potestad es definitiva.

El objetivo es evitar que los hijos de las víctimas queden bajo la custodia de los presuntos asesinos de sus madres. Priorizando el interés superior de la niñez.

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