El Tribunal de Enjuiciamiento de San Miguel dictó la sentencia máxima de 60 años de prisión contra Javier López Zavala, ex candidato priista a la gubernatura, por el feminicidio de Cecilia Monzón.
La resolución judicial también alcanzó a sus cómplices, Jair N. y Silvestre N., quienes recibieron la misma pena por su participación en el crimen. Además de la reclusión, los tres sentenciados deberán pagar una multa de 1,000 Umas, así como 3,000 Umas por reparación del daño moral y 1,200 Umas por concepto de indemnización.
La Audiencia de Individualización de Sanciones y Reparación del Daño inició en punto de las 9:00 horas con la presentación de los alegatos finales de las partes. Tras un receso decretado a las 11:00 de la mañana, el tribunal retomó la sesión a las 13:00 horas para deliberar la magnitud de las penas.
Finalmente, minutos antes de las 15:00 horas, se confirmó la temporalidad de la condena para el autor intelectual y los ejecutores materiales.El caso ha cobrado relevancia nacional debido al perfil político de López Zavala, quien fuera una de las figuras más influyentes del Partido Revolucionario Institucional en Puebla.
Además de encabezar la Secretaría de Gobernación estatal, el hoy sentenciado compitió por la gubernatura de la entidad en 2010, lo que marcó un precedente sobre el juzgamiento y sanción de exfuncionarios de alto nivel bajo procesos de violencia de género.
Junto al exfuncionario, el tribunal ratificó la responsabilidad de Jair N., identificado como sobrino de Zavala y pieza clave en la logística, así como de Silvestre N., señalado como el autor material que disparó contra la víctima. Ambos fueron condenados a seis décadas de encierro tras acreditarse su participación directa en la planeación y ejecución del ataque ocurrido en mayo de 2022 en la zona de San Pedro Cholula.
La determinación del tribunal se basó en una investigación de la Fiscalía General del Estado que se extendió por más de ocho meses de juicio oral y acumuló 80 audiencias. Las autoridades acreditaron que el grupo actuó con premeditación, utilizando un arma de fuego calibre 9 milímetros para asegurar un desenlace letal.
Esta carga probatoria técnica resultó fundamental para que el juez desestimara los argumentos de la defensa y aplicara la sanción más severa contemplada por la ley.
Este fallo definitivo llega tras la declaratoria de culpabilidad emitida el pasado 23 de diciembre, cerrando un proceso de más de tres años marcado por tácticas dilatorias.
Durante este periodo, la defensa de los acusados interpuso múltiples recursos legales que retrasaron la resolución; no obstante, el Tribunal de Enjuiciamiento priorizó la evidencia científica y los testimonios presentados por la fiscalía especializada, logrando un sustento jurídico sólido para la condena.
Con la imposición de los 60 años de cárcel, se dará inicio al proceso de ejecución penal para el traslado de los sentenciados a los centros de reinserción social que correspondan de manera permanente.
Con esta resolución, la justicia poblana concluye una de las etapas procesales más complejas de los últimos años, eliminando la situación de prisión preventiva y fijando las multas económicas que garantizan el derecho a la reparación integral para las víctimas indirectas.
