Este martes 23 de diciembre, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó un fallo condenatorio contra el ex secretario de gobernación Javier López Zavala, declarándolo culpable como autor intelectual del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, ocurrido en mayo de 2022. Junto a él, sus cómplices Jair N. (sobrino) y Silvestre N. (autor material), también fueron hallados responsables del crimen, terminando así con más de tres años de impunidad y tácticas dilatorias por parte de la defensa.
La resolución judicial confirma la teoría del caso presentada por la Fiscalía y la familia Monzón: que López Zavala planeó y ordenó el asesinato de la madre de su hijo para evadir sus responsabilidades legales. Pese a los múltiples amparos y recursos que el político implementó para retrasar el juicio e intentar pasar la Navidad en el penal de San Miguel sin una condena, el peso de las pruebas desahogadas resultó contundente para el tribunal poblano.
Tras la declaratoria de culpabilidad, el proceso entrará ahora en la etapa de individualización de la pena. En una próxima audiencia, el juez determinará el número exacto de años que cada uno de los tres sentenciados deberá purgar en prisión.
La declaración de culpabilidad de este martes no solo cierra un ciclo de dolor para la familia de Cecilia, sino que ratifica la validez de la “Ley Monzón” al confirmarse que el agresor actuó con el fin de destruir la vida de quien fuera su pareja y colega.
A las afueras del Centro de Justicia Penal, la expectativa se mantiene alta mientras se espera la salida de Helena Monzón y sus abogados para conocer sus primeras declaraciones tras el fallo.
La defensa de los sentenciados, que durante meses intentó desacreditar las pruebas y reponer audiencias mediante artilugios legales, ha quedado finalmente rebasada por una sentencia que marca un antes y un después en la persecución del feminicidio en Puebla.
Con este fallo, Javier López Zavala pierde cualquier posibilidad de permanecer bajo beneficios en cárceles estatales y se abre el camino para su inminente traslado a un penal de máxima seguridad, como el del Altiplano.
