– La Secretaría de Salud prepara un plan integral para combatir el mercado negro de vapeadores , luego de que el Senado de la República aprobó la reforma a la Ley General de Salud , que prohíbe la producción, importación, venta y publicidad de cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo en todo el país.
El titular de la dependencia , David Kershenobich Stalnikowitz , informó que se presentará un informe detallado con las acciones y estrategias que el sector salud implementará para inhibir el uso de vapeadores , considerado un riesgo significativo para la salud pública .
«Desde el punto de vista de la salud, es muy importante transmitir el mensaje de que el vapeador no es una alternativa conveniente para el bienestar del país. Nuestro objetivo es sensibilizar a la población para que evite su consumo, del mismo modo en que buscamos reducir el hábito de fumar», señaló el funcionario.
Las declaraciones de Kershenobich se dieron al término de su participación en el Lanzamiento para México y América Latina del Informe EAT Lancet 2025 , orientado a promover sistemas alimentarios sostenibles y saludables.
El secretario subrayó que el vapeo “ no conviene a la población desde el punto de vista sanitaria ” y reiteró que la dependencia trabaja en mecanismos de prevención y concientización , además de fortalecer la vigilancia sanitaria sobre la comercialización ilegal de estos productos.
En contraste, los legisladores de oposición advirtieron que la reforma podría estimular el mercado negro y criminalizar a los usuarios , dejándolos vulnerables a abusos policiales o sanciones desproporcionadas.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó este miércoles a los gobiernos estatales a impedir la venta de vapeadores , al considerar que se trata de productos altamente dañinos para la salud , y anunció una campaña nacional de información para alertar sobre sus efectos en el organismo.
La reforma establece que ni el consumo ni la posesión personal de vapeadores constituirán una infracción. Sin embargo, quienes produzcan, importen o comercialicen estos dispositivos se enfrentarán a penas de uno a ocho años de prisión y multas de hasta dos mil veces el valor diario de la UMA , equivalentes a aproximadamente 226 mil pesos .
