Tras la inversión fallida de 604 millones de pesos que realizó el gobierno de Puebla, durante la administración del finado Miguel Barbosa Huerta, la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas impuso una multa millonaria e 362 millones 997 mil 678 pesos y la inhabilitó por 20 años a la extitular de Planeación y Finanzas, Maria Teresa Castro Corro.
La sentencia determinó que Castro Corro fue “plenamente responsable” de desvío de recursos y abuso de funciones, ambas faltas administrativas graves, por lo que deberá pagar es indemnización de 362 millones 997 mil 678 pesos y no podrá ocupar un cargo público hasta 2045.
Además del caso Accendo, la ex funcionaria enfrenta investigaciones ante la Secretaría por el depósito de cerca de 6 mil 800 millones de pesos en el bróker Fóndika, que ofrecía rendimientos financieros por debajo del promedio del mercado. También se le atribuyen omisiones en un litigio fiscal perdido por el estado por más de 2 mil 600 millones de pesos.
Entre junio y septiembre de 2021, cuando se desempeñaba como titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, junto con su entonces subsecretario de Egresos, José Enrique Girón Zenil, realizaron una serie de depósitos por un total de 3 mil millones de pesos a nombre del Gobierno del Estado en fondos de inversión de Banco Accendo.
De acuerdo con documentos oficiales, entre junio y agosto de 2021, Castro Corro transfirió 2 mil 400 millones de pesos procedentes del Fondo de Reserva Financiera para Contingencias Jurídico-Contenciosas, a cambio de rendimientos mínimos de apenas 7 millones 428 mil 722 pesos.
El 7 de septiembre de 2021, la funcionaria barbosista realizó un nuevo depósito por 606 millones 127 mil 503 pesos, pero apenas 48 días después, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la licencia de operación de Banco Accendo por falta de liquidez, lo que provocó la pérdida total de la inversión pública.
Fue hasta abril de 2023, cuando la propia María Teresa Castro Corro —todavía secretaria de Planeación y Finanzas del gobierno de Céspedes— admitió públicamente la pérdida de los recursos públicos, reconociendo el daño patrimonial a las arcas estatales y que era prácticamente imposible recuperar el monto total.
