La administración de Donald Trump autorizó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) acceda a datos personales de 79 millones de beneficiarios de Medicaid, según un acuerdo firmado el lunes entre los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Este convenio —que no se anuncia aún— permite a ICE consultar información sensible como nombres, direcciones, fechas de nacimiento, etnias y números de Seguro Social, con el propósito explícito de localizar a inmigrantes que podrían estar en el país sin autorización legal.
El acuerdo cuestionó las implicaciones para la privacidad y el acceso a servicios de salud.
Según el documento, ICE utilizará los datos para “recibir información sobre la identidad y ubicación de extranjeros” en Estados Unidos, como parte de la intensificación de las políticas migratorias de la administración Trump, que busca arrestar a tres mil personas diariamente.
Este acceso estará limitado a un horario de 09:00 horas de la mañana a 17:00 de la tarde, de lunes a viernes, hasta el 9 de septiembre. No permitirá a ICE descargar la base de datos, según el acuerdo.
Abuso de poder
Organizaciones latinas y defensores de derechos humanos condenaron la medida, calificándola como un abuso de poder que podría generar temor entre los beneficiarios de Medicaid, desincentivando el acceso a atención médica esencial.
“Esto es una militarización de los datos, punto final”, afirmó la representante demócrata Pramila Jayapal en redes sociales, destacando el riesgo de que incluso ciudadanos estadounidenses eviten buscar atención médica por miedo a ser señalados.
California, junto con otros 19 estados, presentaron una demanda alegando que esta transferencia de datos viola leyes federales de privacidad, como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA).
El DHS defiende la medida como un esfuerzo para garantizar que los beneficios de Medicaid, un programa financiado por el gobierno federal y los estados que cubre a personas de bajos ingresos, incluidos millones de niños, se destinen únicamente a beneficiarios elegibles.
Tricia McLaughlin, subsecretaria de DHS, declaró que la iniciativa busca evitar que “extranjeros ilegales” accedan a beneficios destinados a “estadounidenses respetuosos de la ley”.
