Tres presuntos ladrones de combustible fueron detenidos en un operativo conjunto de la Policía Estatal y elementos de la Marina, realizado sobre la autopista México-Puebla, a la altura de la comunidad de San Lucas El Grande, en el municipio de San Salvador El Verde.

Durante el operativo, los oficiales ubicaron una pipa en la que viajaban tres hombres. Al solicitarles la documentación que acreditara la legalidad del combustible que transportaban y no poder presentarla, se procedió con su detención inmediata.

Los detenidos fueron identificados como César N., de 36 años; Adán N., de 26 años; y Mario N., de 24 años, todos originarios del estado de Tlaxcala.

También fue asegurada la unidad tipo pipa, con capacidad de 3 mil 200 litros, presuntamente utilizada para el traslado de combustible obtenido de forma ilícita.

Tanto los detenidos como el vehículo fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación legal conforme al proceso correspondiente.

Tres funcionarios del puerto y de la Aduana de Tampico fueron relevados de su cargo, tras el decomiso histórico de 10 millones de litros de huachicol. Entre los funcionarios que fueron dados de baja está el director administrativo y de finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Tampico, Francisco Javier Antonio Martínez.

La baja de Antonio Martínez ocurrió el pasado 2 de mayo, cuatro días después de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el funcionario federal era socio de los dueños de Intanza, la empresa que importó el huachicol asegurado a finales de marzo en Tamaulipas.

La Marina confirmó la destitución de Antonio Martínez el 2 de mayo. Fuentes federales confirmaron a MCCI que fue denunciado ante la FGR y se encuentra bajo investigación, al igual que otros funcionarios portuarios y aduanales de Tampico.

La investigación de MCCI expuso que el mencionado funcionario había pasado de tener una modesta taquería en Chimalhuacán y una caseta en el centro de la Ciudad de México, a acumular en apenas dos años una colección de 18 vehículos, entre ellos al menos 10 autos clásicos de colección, dos camionetas de lujo y dos motocicletas Harley-Davidson.

Aunque las autoridades federales no han dado a conocer algún procedimiento, investigación o acción en su contra, Francisco Javier Antonio Martínez presentó el 8 de mayo a la Secretaría Anticorrupción su declaración patrimonial y de intereses de conclusión en el cargo, y en ese documento dejó asentado que había sido dado de baja el 2 de mayo.

Además de Francisco Javier Antonio Martínez, MCCI corroboró que también el 2 de mayo fue separado del cargo Hugo Alonso Rodríguez Aguilar, subgerente de Protección Portuaria de la ASIPONA Tampico, que depende de la Marina.

Asimismo, tras el megadecomiso de huachicol de finales de marzo en Tamaulipas, también fue removido en abril el administrador de la aduana de Tampico, el contralmirante retirado Luis Jorge Goicochea Sotomayor, quien había llegado apenas en enero y fue sustituido por Antonio Morales Hernández, de acuerdo con oficios del área que tenía a su cargo.

La baja del director de administración de la ASIPONA Tampico se dio luego de que el pasado 28 de abril, MCCI evidenció que, en una empresa en la que participa como accionista, Antonio Martínez es socio de los dueños de Intanza, la compañía que importó desde Estados Unidos millones de litros de diésel que hicieron pasar como aditivos para aceites y que fueron asegurados por la Marina tras arribar en un buque al puerto de Tampico, donde laboraba el funcionario.

MCCI corroboró, mediante juicios de amparo donde la compañía reclamaba lo confiscado, que Intanza fue la empresa responsable de importar el combustible ilegal que arribó a bordo del buque Challenge Procyon procedente de Beaumont, Texas.

De acuerdo con las actas mercantiles presentadas por MCCI, Ricardo Ayón Rodríguez y Ramiro Rocha Alvarado son los accionistas de Intanza y están asociados con el ahora ex funcionario de la ASIPONA Tampico en la empresa Comercializadora de Bienes y Servicios de Nuevo León Belure, dedicada a la fabricación e importación de productos electrónicos.

Además de su vínculo con Intanza, MCCI también dio a conocer que en su declaración patrimonial de 2024 el funcionario omitió informar de su participación accionaria en Belure. Lo que sí reportó en esa declaración fue ser dueño de 18 vehículos y tener ingresos crecientes por un taller mecánico y una taquería en Chimalhuacán, Estado de México, que operaba de manera intermitente.

Aunque las autoridades federales reportaron el 31 de marzo el decomiso “histórico” de 10 millones de litros de huachicol en Tamaulipas, MCCI reveló que documentos judiciales de los amparos promovidos por Intanza e incluso un informe interno de la Secretaría de Marina evidencian que el buque que arribó al puerto de Tampico llevaba el doble de carga, equivalente a 20 millones de litros de diésel, sin que hasta la fecha se haya informado qué pasó con el resto de lo decomisado.

Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en: https://contralacorrupcion.mx/cesan-al-funcionario-asociado-con-huachicoleros/

El secretario de Economía, Víctor Gabriel Chedraui, negó haberse apoderado de manera ilícita o a través del tráfico de influencias de un predio en la junta auxiliar de Ignacio Romero Vargas, en Puebla capital.

Así lo refirió en un derecho de réplica dirigido al medio de comunicación El Financiero, donde el funcionario estatal confirmó que es socio de la empresa Snow-Covered Volcano y que esta adquirió legalmente el predio.

Víctor Gabriel Chedraui explicó que Rafael Saldaña Granda, supuesto dueño del predio, nunca pudo acreditar la propiedad del terreno en tres juicios que se han llevado a cabo a lo largo de los últimos 20 años.

En su derecho a réplica, Víctor Gabriel Chedraui reiteró que la escritura de Rafael Saldaña Granda «fue nulificada por sentencia firme, al haberse acreditado que modificó unilateralmente la superficie, medidas y colindancias del inmueble para ubicarlo en un lugar distinto al que le correspondía conforme a los antecedentes registrales».

De acuerdo con el secretario de Economía, «este hecho demostró la falsedad de sus dichos e invalida su reclamo revelando la inconsistencia de su defensa», además de afirmar que las nuevas acusaciones en su contra son «señalamientos inexactos, infundados y lesivos para mi honor».

El funcionario estatal hizo un llamado a los medios de comunicación a revisar los antecedentes de Rafael Saldaña Granda, quien también ha denunciado que fue despojado de otros terrenos en la junta auxiliar de Sanctorum, Cuautlancingo.

«La verdad jurídica no necesita defensa cuando está documentada. La legalidad de los procesos ha sido confirmada por las instancias correspondientes, y su análisis está abierto para quien desee conocerlo», sentenció Víctor Gabriel Chedraui.

De este modo respondió a las afirmaciones hechas en la columna Sobremesa de Lourdes Mendoza, publicada en El Financiero, quien retomó la denuncia que hace Rafael Saldaña Granda en contra del secretario de Economía.

La columnista aseveró que Rafael Saldaña Granda adquirió en 1987 un predio federal a orillas del río Atoyac, denominado «La presa y la Ladera», el cual contaba con una extensión de 92 mil 395 metros cuadrados y fue subastado por el IMSS, tal como consta en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con fecha del 31 de octubre de dicho año.

Pero 26 años más tarde, en enero de 2003, fue presuntamente «despojado violentamente por personas armadas de su predio, con escrituras apócrifas registradas por notarios que no verificaron la legalidad del procedimiento», según afirma Lourdes Mendoza en su texto.

Dichas escrituras «apócrifas» habrían sido obtenidas por Margarita Rosete Nava, quien supuestamente se asoció con la empresa Inmobiliaria Abka, propiedad de Ernesto Gabriel Chedraui, hermano del secretario de Economía.

Dicha inmobiliaria le habría vendido el terreno a la Constructora San Marón, y esta a su vez la vendió a la empresa Constructora e Inmobiliaria Snow-Covered Volcano, la cual es propiedad de Víctor Gabriel Chedraui, por lo que la columnista señala que se trataría de compraventas simuladas para dificultar la recuperación del predio.

Además, la columnista afirmó que el tamaño real de la propiedad de Rosete Nava en el Rancho San José Citlaltépetl, y que vendió a los Chedraui, era de mil 4 metros cuadrados.

No obstante, la hoy fallecida habría expandido su tamaño mediante la presentación en tribunales de un mapa falso que aducía que su extensión era de 207 mil metros cuadrados.

Este megapredio abarcaría prácticamente la mitad de la junta auxiliar de Ignacio Romero Vargas, ocupando colonias e incluso la clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero de manera resaltante, no llegaría a hacer contacto con el terreno que le pertenecería a Rafael Saldaña Granda, ya que este se ubica a 500 metros, junto al río Atoyac.

De este modo, la columnista advierte a los pobladores que los predios en los cuales se asientan sus viviendas no serían suyos, si se considerara como válido este mapa.

¿Quién es Víctor Gabriel Chedraui?
Víctor Gabriel Chedraui es contador público egresado de la UDLAP y abogado por la Universidad del Desarrollo del Estado, además de contar con dos maestrías y dos doctorados.

Fungió como secretario de Finanzas del CDE del PRI a partir de 1993, así como diputado federal suplente en 1996, diputado local entre 1999 y 2002 y subsecretario de Control y Supervisión de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla.

En 2004 fungió como director del OPD Carreteras de Cuota durante la gestión del gobernador Melquiades Morales, así como contralor municipal y secretario de Turismo durante la administración de Enrique Doger en Puebla capital, y como director del IAPEP de 2008 a 2011, designado por el gobernador Mario Marín.

Fue secretario general del PRI estatal a partir de septiembre de 2014 y hasta su renuncia en marzo de 2016, tras lo cual intentó infructuosamente ser electo alcalde de Puebla capital en las filas del PSI.

Actualmente, funge como secretario de Economía de la administración estatal tras haber sido designado para este cargo desde el inicio del gobierno de Alejandro Armenta.