El parlamento de Nicaragua aprobó la Ley Orgánica del Sistema Judicial, la cual otorga al presidente dictador de ese país, Daniel Ortega, y a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, el control total sobre la Suprema Corte de Justicia y las Fuerzas Armadas, por un periodo de seis años, eliminando la separación de poderes en su nación.
Esta ley también reduce el número de magistrados, de 16 a 10, y subordina el sistema judicial a la Presidencia de la República.
Rosario Murillo a cargo de las Fuerzas Armadas de Nicaragua
El parlamento también aprobó una reforma al Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Militar, mediante la cual Rosario Murillo será jefa suprema del Ejército de Nicaragua.
Con esto, Murillo tendrá el mismo poder de decisión sobre las Fuerzas Armadas que tiene Ortega, por lo ambos organizarán ladefensa de su país hombro con hombro.
Algunos historiadores compararon este hecho con el de la dictadura de los Somoza, familia de dictadores de Nicaragua, cuyo último miembro al mando fue asesinado en el exilio en 1980, señalando que el país centroamericano ahora es un Estado familiar controlado por una pareja presidencial.
Ahora es absolutismo
Estas acciones están dentro de varias reformas constitucionales implementadas desde febrero de 2025. Entre los principales cambios están la extensión del mandato presidencial de Ortega y Murillo hasta 2028; la eliminación de la figura de la vicepresidencia; y la legalización de fuerzas paramilitares.
Especialistas piensan que estas reformas quitaron la separación de los poderes y establecieron un régimen totalitario en el país.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazaron las reformas y exhortaron al gobierno nicaragüense a respetar los principios de democracia y los derechos humanos, pero el régimen de Ortegay Murillo calificaron la crítica de injerencia extranjera.
Debido a la represión gubernamental, la oposición no está unificada. Desde las protestas de 2018, las cuales dejaron un saldo más de 300 muertos, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobierno quitó más de 3 mil organizaciones civiles, entre ellos, partidos opositores y medios de comunicación independientes.
Asimismo, les quitó la nacionalidad a 450 críticos, incluyendo periodistas, activistas y líderes religiosos.
