Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) ejercieron tortura, violencia sexual y detención arbitraria contra una mujer, a quien ellos acusaron de cometer un secuestro, así lo determinó la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla (CDH Puebla).
El organismo emitió la recomendación 5/2024 al fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, por la «violación a los derechos humanos, a la integridad y seguridad personal, así como a la seguridad jurídica y a la legalidad».
El documento señala que el 24 de septiembre de 2020, la mujer agraviada caminaba por la banqueta cuando una pareja —hombre y mujer— la abordó para preguntarle por un vehículo Aveo rojo que vendía.
Calles adelante la pareja fue alcanzada por una camioneta negra, de la cual descendió un masculino y subió a la mujer a la misma. Al interior de la unidad las tres personas le dijeron que eran secuestradores.
En este sentido, señaló que a dichas personas las vio en la Agencia del Ministerio Público, cuando fue puesta a disposición: su gafete las identificaba como personal adscrito a la FGE.
«Después de que me subieron a la camioneta me llevaron a una casa de seguridad. Al llegar entramos y me desvistieron por completo, me amarraron de los pies y de las manos y me tiraron al piso. Después de esto, mojaron un trapo, me lo pusieron en la cara y echaban mucha agua en la boca y me ponían las rodillas en el estómago y las piernas […] En esa casa de seguridad estuve aproximadamente dos horas y media», narró la afectada a la CDH Puebla.
Se señala que los sujetos la llevaron a una casa de seguridad y la amenazaron con matar a sus hijas si no se inculpaba en un secuestro.
«Me dijeron que iban a ir por mis hijas para matarlas y para matarnos a todos. Después me vendaron de los ojos y me trajeron a Puebla, para ponerse a disposición del Ministerio Público», se lee en el documento.
Por lo anterior, la CDH Puebla determinó que la denunciante fue sujeta a tortura, además de que violaron a sus derechos humanos.
Deberá garantizarse la reparación del daño
El organismo autónomo propuso a la FGE proporcionar la atención psicológica necesaria a la víctima a efecto de superar las secuelas por el impacto psicológico con motivo de los hechos.
Asimismo, llamó a iniciar los procedimientos correspondientes contra los policías ministeriales agresores.
