El gobierno de Puebla pagó 2 mil 600 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), «por un manejo indebido, por una falta de pago que la administración estatal debió hacer en el año 2015», cuando era gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, dijo esta mañana el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Desde el inicio de la administración de Moreno Valle y hasta marzo de 2015 la Secretaría de Finanzas de Puebla estuvo encabezada por Roberto Moya Clemente, quien en ese mes buscó una diputación plurinominal por el Partido Acción Nacional (PAN). A su salida, Roberto Rivero Trewartha, quien era titular de la Secretaría de Salud, quedó al frente de Finanzas y Administración.
Moya Clemente perdió en las elecciones y regresó a la administración de Moreno Valle como Jefe de la Oficina del gobernador. Rivero Trewartha estuvo al frente de Finanzas y Administración hasta noviembre de 2015, mes en el que fue relevado por Guillermo Edmundo Bernal, quien murió el viernes 8 de enero de 2022.
De acuerdo con María Teresa Castro Corro, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Puebla, en 2015 la administración de Moreno Valle contrató a un despacho en asesoría fiscal que recomendó gestionar ante el SAT la devolución de impuestos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2009 y 2010.
A finales 2015 el SAT devolvió una parte de esos recursos y en los primeros meses de 2016 regresó otra parte; la suma de ambas devoluciones alcanzó los 702 millones de pesos.
Al despacho se le pagó un bono, por caso de éxito, de un porcentaje sobre esos 702 millones de pesos. En 2018, ya en la gestión de Antonio Gali Fayad, el SAT determinó que la devolución fue incorrecta porque se sustentó en una disposición de 2008, año en el que el gobierno de Puebla no estaba adherido a las disposiciones fiscales, algo que hizo hasta 2011.
Castro Corro afirmó que al no tener la legalidad que sustente el acto reclamado, el gobierno federal lo tomó como un acto de dolo y lo determinó como un crédito fiscal en el que el gobierno de Puebla tenía dos opciones: pagar o litigar.
La entonces gestión estatal determinó litigarlo, algo que, afirmó la funcionaria, cuesta a al gobierno de Puebla alrededor entre 20 y 30 millones de pesos que se van acumulando y así comenzó el litigio que pasó de ser un beneficio de 702 millones de pesos a un adeudo de 2 mil 700 millones de pesos.
Castro Corro dijo que el 5 de abril el gobierno estatal decidió pagar los recursos reclamados por las autoridades federales, ya que de no hacerlo se incurriría en un acto penal.
Fue así como la actual administración del gobierno de Puebla, encabezada por Sergio Salomón Céspedes Peregrina terminó pagando 2 mil 600 millones de pesos y, aseguró el gobernador, ya iniciaron las acciones para determinar la responsabilidad administrativa y penal de los ex funcionarios responsables.