Luego de que Yasmín Esquivel promoviera un amparo en contra de los lineamientos de la integración del Comité de Ética de la UNAM, que investiga el posible plagio de su tesis, su representante ante la Universidad, Alejandro Román, explica el por qué lo hizo.
Según se explica, no se trata de limitar la libertad de expresión de las autoridades universitarias, sino de que estas se rijan por el principio de prudencia.
Si bien dice confiar en el criterio ético del Comité, considera que este actúa fuera de marcos jurídicos precisos, con lo cual sus derechos pueden resultar afectados.
Ante ello, explica, ha acudido al Poder Judicial para que se garantice el respeto a su derecho humano al debido proceso seguido ante un órgano competente; a la presunción de inocencia y a los principios de legalidad y de certeza jurídica.
El comunicado del representante detalla que varias de las pruebas que ha presentado la ministra no tendrían por qué haber sido presentadas mediáticamente sino ante el órgano que tuviera la posibilidad de valorarlas, y ni siquiera han sido objeto de un análisis que dé lugar a las conclusiones que la culpabilizan.
«La Ministra no ha querido litigar en los medios este asunto y por eso las pruebas se presentan ante un Comité que, aunque no tenga competencia, está actuando de modo que puede perjudicarla». Además «le puede causar un daño grave la divulgación de datos que la inculpan sin existir ninguna resolución fundada».
Con todo, afirma que la ministra confía en el criterio ético del Comité y «siempre ha sido respetuosa de la autonomía y de los valores universitarios desde que ingresó a esa institución en 1979».