El Congreso de Puebla planea comenzar en el nuevo proceso ordinario de sesiones, el análisis y la discusión para la desprivatización del agua en la capital poblana, que ahora administra la empresa Agua de Puebla Para Todos.
En entrevista, la coordinadora parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), Nora Merino Escamilla, aseguró que este año el legislativo local tiene por primera vez un camino jurídico estable para analizar el término del contrato con la empresa que se contrató en la administración estatal de Rafael Moreno Valle Rosas.
“Era un tema jurídico porque era un convenio que se hizo de manera muy amarrada, en donde había una penalización por terminar el convenio; era altísima e impagable ahora que se ha hecho un camino jurídico podemos pensar que se va a lograr y estaremos con toda la voluntad y herramientas”, declaró la petista.
En los próximos meses el Congreso deberá ser cuidadoso para revisar los fundamentos legales que permitan acabar con la privatización y generar herramientas jurídicas y evite daños colaterales como amparos u otros contratos amañados.
Aseguró que este proceso podría ser avalado este mismo año, pues existe la voluntad de los congresistas para revisar lo que ha propuesto el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.
El miércoles 11 de mayo, Barbosa Huerta aseguró que desde el gobierno estatal se analiza terminar el contrato con la empresa Agua de Puebla Para Todos y que se permita al Ayuntamiento de Puebla controlar el sistema de agua como se realizaba en administraciones pasadas.
Por su parte, el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez señaló que deberán consensuar la propuesta para conocer el alcance que tendría el ayuntamiento para operar el servicio de agua pues hay adeudos que aún no son resueltos en toda la zona metropolitana del estado.
Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso de Puebla festejó y respaldó la iniciativa del mandatario local. Detalló que, para llegar a una resolución, el legislativo tiene que conocer la propuesta y ejercer sus funciones específicas para este proceso de desprivatización.
“Que sea bienvenido ese punto del gobernador. Hay una responsabilidad por parte de los ayuntamientos que se vinculan con los organismos públicos descentralizados del servicio de agua potable”, expuso el morenista.
Consideró que entre lo más polémico de esta revisión será la calidad del servicio de agua, el abastecimiento y la aplicación de una tarifa justa por el suministro del recurso hídrico.
Esta iniciativa se retoma dos años después de que el expresidente del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla no logró cumplir con la desprivatización del agua como se prometió en la campaña se 2018.