Por mayoría de votos, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para reconocer la creación de la Unidad Técnica que junto a la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado evaluará y vigilará el desempeño de la ASE y su titular Francisco Romero Serrano.
La nueva comisión sustituye a la Comisión Inspectora que preside la diputada de Morena, Olga Lucía Romero Garci Crespo, y mantiene a los mismos diputados integrantes: Enrique Rivera Reyes, Eduardo Castillo López, Oswaldo Jiménez López, Patricia Valencia Ávila, Karla Martínez Gallegos y Carlos Navarro Corro.
El dictamen fue aprobado con 38 votos a favor y tres abstenciones en la sesión plenaria de este viernes. Durante la discusión, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Mónica Silva Ruiz explicó que se trata de un paquete de reformas en materia de fiscalización y combate a la corrupción.
Subrayó que esto implica para las autoridades una obligación de informar sobre sus decisiones y el uso de los recursos públicos. Además, da paso a la posibilidad de sancionar a funcionarios que violen la ley en el ejercicio de sus funciones.
En total se armonizaron ocho leyes a la reforma constitucional en materia de fiscalización y combate a la corrupción aprobada en diciembre pasado. Los cambios a la Constitución fueron propuestos por el gobernador Miguel Barbosa.
Por ello además de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla fueron modificadas la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado, Ley del Sistema Anticorrupción del Estado, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal y la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.
El paquete de reformas a 8 leyes secundarias y al reglamento interior del Congreso fue propuesto por los diputados de la Junta de Gobierno: Nora Merino Escamilla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Jorge Estefan Chidiac, Jaime Natale Uranga, Fernando Morales Martínez y Carlos Navarro Corro.
Esto permitirá crear la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa que investigará actos de corrupción de servidores públicos y estará integrada por tres magistrados designados por el gobernador y ratificados por el Congreso.
Uno de los integrantes durará en el cargo 15 años, otro 12 y el tercer miembro nueve años a fin de que tengan experiencia y se especialicen en la materia.
Asimismo, se reformó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para que esta pueda enviar a la Sala Especializada casos de probable responsabilidad por faltas administrativas de carácter grave de servidores públicos adscritos a los órganos técnicos administrativos o de particulares por conductas sancionables.